Elementos de la extinta Policía Intermunicipal Poza Rica-Coatzintla-Tihuatlan exigen al gobierno resuelva la denuncia interpuesta ante la Fiscalía Anticorrupción

Elementos de la extinta Policía Intermunicipal Poza Rica-Coatzintla-Tihuatlan exigen al gobierno resuelva la denuncia interpuesta ante la Fiscalía Anticorrupción

• Llevamos de 2 años y sigue en estado inicial, afectando con ello a más de 400 expolicías.

Xalapa Enríquez, Ver., febrero 1 del 2022.- Integrantes del Comité Fuerza y Esperanza denunciaron la dilación y omisión en la que incurren la Fiscalía Anticorrupción, así como de los que imparten la justicia y los que gobierna, pues a dos años tres meses de que presentaron, por oficio, su denuncia y sigue en etapa inicial.

Ader Oscar Juárez Téllez, representante de los afectados, dio a conocer que la denuncia fue por desvíos de recursos por falsificación de firmas de elementos policiacos de la desaparecida Policía Intermunicipal Poza Rica-Coatzintla-Tihuatlán, en la que incurrieron servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), ascendiendo el presunto daño a más de 100 millones de pesos.

Recordó que esto se dio durante la administración de Javier Duarte, en la que los afectados fueron coaccionados y despedidos injustificadamente a todos los que integran dicha corporación policiaca.

Mencionó que la medida fue tomada durante la gestión de Arturo Bermúdez Zurita y a pesar de haber solicitado la intervención del gobierno estatal, ha habido negativa para atender este asunto, por la que de nueva cuenta se manifestaron para solicitar una mesa de atención para los más de 400 expolicías afectados.

Expresó que el desaparición de la citada corporación policiaca se dio el 1 de julio de 2015 y han pasado más de seis años y se esperaba que la actual administración estatal hiciera algo por todos los afectados, pero “al parecer son iguales o peores que sus antecesores”.

Finalmente, dio a conocer que la mayoría de ellos tenían laborando más de 30 años de servicio y ahora muchos de ellos fluctúan en los 80 años de edad y espera que sus casos sean reconsiderado y se les resuelva conforme a derecho.

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