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**Veracruz es el estado con el MAYOR MONTO por justificar del país, de fondos federales que llegaron en 2019.
Ciudad de México. 14 Febrero 2020.- La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que el Estado de Veracruz tiene el mayor monto pendiente de justificar de uso de fondos federales por $683.2 millones de pesos, es el estado con el mayor monto por recuperar o aclarar de todo el país.
Dinero que se recibió por parte de la Federación durante el primer año de gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, quien ahora tendrá que responder por dicho faltante.
El informe de la auditoría 2019, que dio conocer la titular Irma Eréndira Sandoval señala que la SFP fiscalizó ocho programas federales de: salud, educación, carreteras, agua potable, turismo, indígenas, personas con capacidades diferentes, así como cultura física y deporte.
El gobierno de Veracruz presentó el mayor monto pendiente de aclarar, justificar o recuperar por $683.2 mdp, seguido de Sinaloa por 681.5 mdp, el 11.2% y 11.1%, respectivamente, del total (6,097.9 mdp).
También se quedó el Gobierno de Veracruz con las cuotas obreros-patronales del ISSSTE
Otra de las observaciones realizadas señala que a junio de 2019, las entidades federativas, cuyos trabajadores están afiliados al ISSSTE, retuvieron y no enteraron las cuotas obrero-patronales, por un monto acumulado de $50,137.8 millones de pesos. Donde el gobierno de Veracruz nuevamente es el principal deudor a nivel nacional, con un monto de $12,415.2 millones de pesos.
En ocho auditorias coordinadas, El Gobierno de Veracruz tuvo 43 observaciones donde se detectaron las siguientes irreguridades en el uso de recursos federales: el incumplimiento de la aportación estatal comprometida en los convenios, erogaciones de recursos sin acreditar su destino; ejercicio del presupuesto en forma extemporánea.
También se observó la falta de documentación comprobatoria del gasto; inobservancia de disposiciones normativas en materia de adquisiciones y de obra pública; retenciones por impuestos, derechos y cuotas no enteradas a la autoridad fiscal; conceptos de obra pagados no ejecutados e irregularidades en la ministración de recursos.
