• El Consejo Estatal sería un organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal con atribuciones similares al modelo federal.

• Se cambiaría el término “integración”, por el de “inclusión”, expuso el legislador Antonio García Reyes. 

Con el propósito que la ley local en materia de inclusión de personas con discapacidad sea adecuada en concordancia con las normas de la legislación general y con el actuar del Gobierno Federal, además que corresponda con el paradigma internacional sobre la discapacidad, vista como un movimiento encaminado a visibilizar la problemática que enfrentan las personas con esa condición, el diputado Antonio García Reyes presentó una iniciativa ante el Pleno de la LXV Legislatura.

En su propuesta, planteada durante la quinta sesión ordinaria, el integrante del Grupo Legislativo de los Partidos Revolucionario Institucional y del Verde Ecologista de México (PRI-PVEM) indicó que la nueva conceptualización de la discapacidad obliga a la revisión del marco jurídico local aplicable, de tal manera que la política pública de gobierno a favor de esas personas sea acorde con el modelo social desde el que se debe ver y entender a la discapacidad.

En primer término se plantea modificar el título de la Ley, a efecto de sustituir el concepto de “integración” por el de “inclusión”, de tal modo que se denomine Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Por otra parte, se establece el Consejo Estatal para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad como el órgano responsable de establecer las políticas públicas en materia de inclusión de personas con discapacidad, así como de la coordinación institucional e interinstitucional respectivas y de promover, fomentar y evaluar la participación de los sectores público y privado en las acciones, estrategias, políticas públicas y programas correspondientes.

Asimismo, se propone la conversión del Consejo Estatal para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad a un organismo público descentralizado de la Administración Pública Estata