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Prevén diputadas y organizaciones civiles mejorar la Ley de Personas con Discapacidad

Por analitik

 

• Llevan a cabo, en las instalaciones del Congreso de Veracruz, una Mesa de Trabajo para analizar la Ley 822 para la Integración de las Personas con Discapacidad.

• Con sus valiosas aportaciones podemos actualizar la ley, ajustándola al marco jurídico nacional y los estándares internacionales, expresó la diputada Deysi Juan Antonio.

Los obstáculos que padecen las personas con discapacidad pueden superarse si existe colaboración de los Gobiernos con organizaciones civiles, profesionales y especialistas, expresó la diputada Deysi Juan Antonio, secretaria de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso del Estado, al participar en las Mesas de Trabajo para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

En este evento, inaugurado por el presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Juan Javier Gómez Cazarín, la legisladora subrayó que el objetivo central de este espacio es revisar los artículos de la Ley 822 para la Integración de las Personas con Discapacidad para el Estado de Veracruz, “así con las valiosas aportaciones de ustedes podemos llevar a cabo la actualización de la misma, armonizándola con el marco jurídico nacional y los estándares internaciones en materia de discapacidad”.

Ante la presencia de la titular de la Dirección General de Cultura de Paz y Derechos Humanos del Estado, Mayra Ledesma Arronte, la diputada Deysi Juan Antonio indicó que las múltiples problemáticas que enfrentan las personas con discapacidad son la falta de empleo, las pocas o nulas oportunidades económicas y la pésima situación de acceso a la educación; además como la carencia de servicios y, sobre el caso, ejemplificó el de transporte.

Destacó que el Estado de Veracruz es el tercero a nivel nacional con el mayor número de personas con discapacidad con un 6.7 por ciento del total de la población, siendo las principales discapacidades la motriz y visual.

Agregó que la prevalencia de la discapacidad va en aumento, por lo que considera que es deber del Estado implementar acciones encaminadas a contrarrestar los efectos negativos que de ello se deriva

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